SENTENCIA SL 13602018 EN LA CUAL SE PRONUNCIA LA CORTE CON RESPECTO A LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA DESPEDIR A UN TRABAJADOR CON FUERO DE ESTABILIDAD LABORALCUANDO LA DECISIÓN ESTÁ BASADA EN UNA CAUSA OBJETIVA

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expresó en el caso en estudio que, pese a que el empleador no solicitó la autorización al Ministerio de Trabajo para proceder con el despido de un trabajador que sufrió un accidente laboral y que tenía un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral comprobado, no necesariamente debía estar cobijado bajo el fuero de Estabilidad Laboral Reforzada.

El alto tribunal consideró que, pese a que siempre opera la presunción de la que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, respecto de la cual se propone que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se supone discriminatorio por el simple hecho de contar éste con una afectación física, biológica o psíquica que lo ponga en estado de debilidad manifiesta; si el empleador consigue demostrar en juicio la ocurrencia real de la justa causa invocada al momento de tomar la decisión del finiquito laboral, la determinación habrá de conservar su eficacia, pese a que no se hubiera agotado el trámite de autorización de despido ante Inspector del trabajo.

En ese sentido, concluye la Corte dos importantes circunstancias:

1. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no prohíbe el despido del trabajador en condición de discapacidad; lo que el mismo sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Por lo tanto, si el motivo no es su estado fisiológico, biológico o físico, el resguardo no opera y, más aún, si se encuentra alegada por parte del empleador una justa causa de despido.

2. La terminación del contrato de trabajo de un empleado con discapacidad debe contar con la autorización del Inspector de trabajo en aquellos eventos en el que el desarrollo de las actividades laborales a cargo de dicho empleado resulten incompatibles e insuperables con su discapacidad, bien sea en el correspondiente cargo o en otro existente en la empresa, operando por ende igualmente el pago de la indemnización legal.